Hace ya bastantes años que me pregunto por qué los políticos no tienen interés en aplicar la inteligencia artificial para controlar presupuestos, contratos, subvenciones, facturas, empresas beneficiarias y sobrecostes.
Evidentemente, la respuesta no genera ninguna duda. La IA puede hacer algo que hace pocos años parecía imposible, es decir, analizar miles de operaciones públicas y detectar automáticamente patrones que merecen ser investigados.
La pregunta interesante es otra: ¿qué cambiaría en la política si ciudadanos, auditores y organismos de control pudieran conocer con mucha más precisión dónde termina el dinero público?
Creo que los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a saber dónde va todo ese dinero que pagamos en impuestos. Recordemos que los españoles dedicamos 231 días del año a pagar impuestos.
Esto implica menos vacaciones, menos familia, menos coches, menos salidas y problemas de toda índole con la gasolina, el cine o la compra diaria. En fin, creo que todos estaremos de acuerdo en que no queremos que nadie juegue con nuestro dinero, y que muchos se enriquezcan a costa de nuestro trabajo.
Probablemente habría menos espacio para la delincuencia económico-financiera, pero surgiría otra cuestión fundamental:
¿quién controla a la IA que controla el dinero público?
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