Salud Mental en Primera Persona

Creo que todos lamentamos profundamente el caso de asesinato en Mocejón que ha acabado con la vida de un ser inocente de tan solo 11 años. La gran mayoría de nosotros y nosotras acompañamos a su pueblo, pero sobre todo a su familia y seres queridos en este proceso de dolor y en este duelo tan complicado.

No obstante, será nuestro sistema judicial el que decidirá qué medidas se deben tomar y cuál es la sentencia que se debe aplicar. Es nuestro sistema de derecho la vía por la que nuestra sociedad garantiza la justicia de este crimen tan atroz.

Partiendo de esta premisa, algo en que creo que casi todos coincidimos, creo que es mi deber aclarar las palabras que surgen de la intervención de nuestro Fiscal para los Delitos de Odio y Discriminación.

Como en cada suceso de este tipo se producen miles y miles de mensajes (solo en Twitter/X durante 12 horas se produjeron unos 740.000 mensajes). Algunos de ellos tienen un carácter xenófobo y racista, debido probablemente a múltiples causas que realmente no puedo analizar en este texto. La conclusión lamentable es que resultan ser claramente discriminatorios, y por ello se han creado instrumentos legales para afrontarlos.

Sin embargo, cuando se habla de delitos cometidos por una persona con un problema de salud mental, se omite todo argumento en contra de la premisa de que “las personas con problemas de salud mental no son más violentas que los demás”. Curiosamente, sucede justamente lo contrario, es decir, nuestro colectivo sufre mayor tasa de violencias que el resto de la sociedad (en especial la mujer).

El delito de odio según el Código Penal supone una “invasión de la esfera de dignidad propia de un ser humano”. En relación a esto, se hace eco nuestro Fiscal para Delitos de Odio y Discriminación de la multitud de mensajes que se han generado en internet con ese carácter de tipo delictivo en relación a la xenofobia y el racismo. A pesar de que la discapacidad es parte de su ámbito competencial, apenas se ve reflejado en los medios de comunicación que difunden su entrevista en una emisora de radio.

Como es su deber legal, habla de proteger los derechos y la integridad de los colectivos afectados. Pero nada dice de la vulneración de los derechos de una persona con un problema de salud mental. La pregunta obvia es: ¿Acaso la discapacidad no está incluida en las competencias de esta fiscalía?

En este caso, hace ver que no existe ese carácter de odio o discriminación por razón de una discapacidad. Así que los miles y miles de mensajes que hacen referencia al problema de salud mental de una forma totalmente despectiva, agresiva, dolorosa y en especial falsa, no pueden tratarse al mismo nivel y con la misma importancia que en el caso de la xenofobia o el racismo. Al menos esto dan a entender todas las fuentes de información que de forma implícita omiten toda referencia a la discriminación por discapacidad.

A esto debemos añadir el problema de la información que surge de los medios de comunicación. Este problema que arrastramos durante tanto tiempo surge del tratamiento sensacionalista del delito cometido. Desde los medios de información no se lleva a cabo un tratamiento responsable del problema. Y esto sucede a pesar de la multitud de quejas de nuestro colectivo, de las innumerables charlas que damos en las facultades de periodismo y de la existencia de recursos tan valiosos como la “Guía de estilo para medios de comunicación” que edita nuestra Confederación Salud Mental España.

Vemos, por tanto, que la discriminación existe en todos los niveles y esto no genera sino un problema añadido para las personas que tienen un problema de salud mental. Ahora no solo deben convivir con su estado de salud sino que también deben luchar contra multitud de frentes abiertos que surgen de la Sociedad. ¿No supone esto un doble agravante para la persona?

El hecho de atribuir este comportamiento delictivo a un problema de salud mental, crea una serie de estereotipos de peligrosidad y violencia que se aplican a toda persona con un problema de salud mental. De ahí surgen los prejuicios y la consecuente discriminación generalizada hacia el colectivo.

Por ello, desde mi humilde posición, me gustaría solicitar un trato adecuado, justo y responsable de la salud mental tanto a nivel de fiscalía, como de los medios de comunicación, las empresas tecnológicas que sustentan las redes sociales y la sociedad en general.

No puedo dejar de reivindicar un trato justo y adecuado en todo lo referente a la salud mental. Porque de otra manera, no estaríamos respetando esos argumentos jurídicos de nuestro sistema de derecho en relación a cualquier referencia a la protección de la discriminación que existe hacia las personas que tienen un problema de salud mental.

Por último, creo que es nuestro deber encontrar la forma de comprender el sufrimiento de una familia que ha perdido un ser querido y evitar que estas situaciones se produzcan en el futuro.

Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos.

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